El gobierno de Javier Milei anunció una batería de nuevas políticas migratorias que marcan un giro restrictivo respecto a años anteriores. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Deportación acelerada de extranjeros con antecedentes penales.
- Requisitos más duros para la obtención de la ciudadanía argentina.
- Cobro por servicios públicos como salud y educación para no residentes permanentes.
Desde el oficialismo afirman que estas reformas buscan priorizar el bienestar de los ciudadanos argentinos y reducir el gasto estatal, en línea con el programa de austeridad que impulsa el presidente. Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advierten que podrían generar discriminación, tensiones diplomáticas y un impacto negativo en comunidades vulnerables.
El Ejecutivo insiste en que “no se trata de xenofobia, sino de orden”.
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